Las familias de las víctimas del trágico tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, han presentado una demanda contra Meta y el desarrollador de videojuegos Activision. La demanda alega que ambas compañías promovieron el uso de armas de fuego a jóvenes, incluyendo al atacante de Uvalde. Este incidente, ocurrido el 24 de mayo de 2022, resultó en la muerte de 19 personas en la escuela primaria Robb.
Según la demanda, las empresas "expusieron intencionalmente al atacante a las armas, lo condicionaron a verlas como una solución a sus problemas y lo entrenaron en su uso." Este tipo de alegaciones han sido dirigidas anteriormente contra compañías de videojuegos, aunque sin éxito en los tribunales.
Contexto del Incidente
El tiroteo en Uvalde fue perpetrado por Salvador Ramos, un joven de 18 años que abrió fuego en la escuela primaria Robb. Este trágico evento ha llevado a una serie de acciones legales por parte de los familiares de las víctimas, quienes buscan responsabilizar a las empresas por su supuesta contribución al comportamiento violento del atacante.
La demanda fue presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles en nombre de aproximadamente 45 familiares. En ella, se acusa a Activision y Meta de "preparar" a los jóvenes y guiarlos hacia actos violentos. Esta acusación se basa en el comportamiento obsesivo del atacante con el videojuego Call of Duty, el cual jugaba de manera constante, desarrollando habilidades como francotirador y obteniendo recompensas tras invertir una cantidad considerable de tiempo en el juego.
La demanda también señala que el juego Call of Duty incluye el modelo de arma AR-15, el mismo utilizado en el tiroteo. Además, se alega que el atacante fue influenciado por la publicidad agresiva en Instagram, propiedad de Meta, que mostraba imágenes aplaudiendo el combate.
El abogado de las familias de Uvalde, Josh Koskoff, afirma que "Instagram debería dejar de permitir la comercialización de AR-15 a menores por parte de las empresas de armas; y Activision debería dejar de entrenar y habituar a los niños a matar. Es así de simple." Estas declaraciones reflejan la preocupación de las familias sobre cómo las empresas tecnológicas y de videojuegos podrían estar contribuyendo a la violencia juvenil.
La Controversia sobre Videojuegos y Violencia
Las compañías de videojuegos han negado repetidamente la idea de que los videojuegos pueden causar violencia en el mundo real. Este debate ha sido recurrente después de múltiples tiroteos masivos, con políticos señalando a los videojuegos como un factor contribuyente.
Sin embargo, la investigación ha mostrado que los videojuegos no son una causa directa de actos violentos. A pesar de esto, las demandas contra compañías de videojuegos por acciones de otros atacantes en tiroteos escolares han fracasado en su mayoría. En esta ocasión, la atención se centra no solo en el contenido de los videojuegos, sino también en la publicidad dirigida y el marketing agresivo en las redes sociales.
La demanda también incluye a Daniel Defense, la empresa fabricante del AR-15 utilizado en el tiroteo. La acusación contra esta compañía se basa en la promoción de sus armas a menores a través de publicaciones en Instagram que aplauden el combate.
Las reglas de Meta teóricamente prohíben la venta de armas en sus plataformas. No obstante, el atacante adquirió el AR-15 desde el sitio web de Daniel Defense, no a través de Instagram. Este aspecto añade complejidad a la situación legal, especialmente en relación con la inmunidad de las plataformas bajo la Sección 230, que protege a las empresas de tecnología de demandas civiles basadas en publicaciones de sus usuarios.
Reacciones de las Empresas Involucradas
Meta no ha respondido inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. Por su parte, Delaney Simmons, jefe de comunicaciones corporativas de Activision, declaró que "millones de personas en todo el mundo disfrutan de los videojuegos sin recurrir a actos horribles."
Josh Koskoff, quien representa a las familias de Uvalde, previamente ganó un acuerdo de 73 millones de dólares para las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook contra el fabricante de armas Remington. Esta victoria legal ofrece un precedente importante para el caso actual y subraya la posibilidad de que las empresas puedan ser responsabilizadas por la promoción y accesibilidad de armas a través de sus plataformas.
